Las organizaciones ecologistas y CCOO expresan su compromiso de trabajar conjuntamente para lograr una transición ecológica justa
En este último período venimos observando con preocupación, y denunciando, cambios regulatorios en las legislaciones urbanísticas y medioambientales de algunas comunidades autónomas -Andalucía, Castilla y León, Madrid o Murcia- que, con el pretexto de reactivar la economía tras el COVID19, reducen trámites administrativos y podrían dificultar la participación pública y mermar las garantías ambientales.
En este contexto vemos también con preocupación el anuncio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la elaboración de un anteproyecto de ley de seguridad jurídica del planeamiento que restringiría la acción pública en materia de urbanismo y evitaría la anulación de un plan urbanístico cuando algún tribunal declarara ilegal alguna de sus partes. Leer+
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