CCOO hemos vuelto a pedir reunión a la ministra por la falta de personal en el MITERD

La grave situación está dando lugar a cierres y privatizaciones y pone en peligro, entre otras cosas, la gestión pública del Agua

CCOO hemos vuelto a reiterar en una carta dirigida a la Ministra nuestra preocupación ante la grave situación -que los sindicatos llevamos denunciando desde hace tres décadas- que supone la falta de personal para prestar el servicio público que se nos ha encomendado. La preocupación es aún mayor en las confederaciones hidrográficas, situación que está poniendo en riesgo la gestión pública del Agua.

Esta falta de personal se está traduciendo en una aceleración de la privatización de los canales de regadío en varios organismos y su encomienda -CCOO dudamos de la legalidad de volver a encomendar algo ya encomendado a las confederaciones- a las comunidades de regantes, como está ocurriendo en el Guadiana -donde los sindicatos tenemos que hacer frente a encomiendas publicadas en el BOE sin previo aviso y que esperamos que al menos sirva para pasar a plantilla a los fijos discontínuos- o se pretende en el Ebro.

A CCOO nos preocupa no sólo lo que supone todo esto de destrucción de empleo público a medio y largo plazo, si no también el riesgo que entraña para la gestión pública del Agua, un bien que es de todas y todos y que en las últimas décadas esta en el foco del capital para hacerse con este recurso, cada vez más escaso y estratégico -en USA ya cotiza en bolsa-.

Por otra parte CCOO estamos preocupados por el cierre de centros y privatización de otros servicios que parece que el MITERD quiere liquidar, como ocurrió con la intención de cerrar los laboratorios de geotecnia y geofísica de Madrid o ahora con el cierre de las instalaciones del extinto Parque de Maquinaria y la privatización del taller que alberga.

Por todo ello CCOO hemos vuelto a reiterar nuestar petición de hace un mes a Teresa Ribera para tener una reunión al máximo nivel para abordar toda esta situación, y que de no cambiar supondrá una vuelta de tuerca más en el modelo neoliberal de administración pública, que no es compatible con el servicio público que debe defender un gobierno que se declara progresista.